El titular del Minvu precisó que la justicia ya ha resguardado $294 millones de los $391 millones solicitados, además de acotar que siguen en curso las acciones judiciales en sede civil -para restituir los $97 millones aproximados en disputa- y penal por fraude al fisco que encabeza el Consejo de Defensa del Estado en contra de la fundación.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, valoró el pronunciamiento de la Tercera Sala de la Corte Suprema que rechazó en última instancia el recurso de protección presentado por Democracia Viva tras el término anticipado de los convenios suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y la fundación.
El pasado 10 de julio, la Seremi Minvu de Antofagasta dictó las resoluciones que pusieron fin a los contratos de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria que sostenía con la fundación Democracia Viva, ordenando la restitución de $391.768.516 de los $426 millones otorgados originalmente.
La resolución de la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que, el 14 de septiembre de 2023, rechazó la acción cautelar interpuesta por Democracia Viva.
El ministro Carlos Montes valoró el pronunciamiento del máximo tribunal, indicando que “confirma que la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta actuó dentro de sus atribuciones al poner término anticipado de los convenios con Democracia Viva y ordenar la restitución de los recursos transferidos”.
“Es importante precisar que el fisco ya ha resguardado $294 millones, que fueron embargados por la justicia desde la cuenta bancaria de Democracia Viva, y el Consejo de Defensa del Estado nos representa en la demanda que solicita la restitución de los $97 millones restantes, además de la querella en contra de los responsables por el delito de fraude al fisco en este caso”, añadió.
Asimismo, el secretario de Estado enfatizó que “como gobierno hemos sido claros desde un inicio: no vamos a descansar hasta que todos los recursos sean reintegrados y respondan frente al país los que cometieron actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Requerimos de todos los fondos para avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional y cumplir la meta de entregar 260 mil viviendas durante el mandato del Presidente Gabriel Boric”.
“No importa cuánto tiempo demore este proceso, vamos a insistir hasta restituir los $97 millones de pesos que están en disputa judicial. El Consejo de Defensa del Estado nos representa en esta causa y velará porque esto se materialice”, concluyó el titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo.
