Tras el fallido diálogo entre el Ministerio de Salud y los gremios que representan a los 6.300 funcionarios que están siendo desvinculados por el término de la alerta sanitaria, integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas se pronunciaron para que el Ejecutivo deje sin efecto los despidos. Por otra parte, respaldaron a la ministra Aguilera, cuestionando una acusación constitucional en su contra.
La diputada Ana María Gazmuri, presidenta de la Comisión de Salud, respaldó a la Ministra de Salud, aclarando que “el gran problema que hemos tenido tiene que ver con la Dipres, con Hacienda”.
La legisladora dijo que “celebramos la expansión que hay en salud en el presupuesto, pero sentimos que considerando justamente esa expansión, debemos buscar la forma de que estos 6.300 trabajadores conserven sus puestos. Por lo tanto, esto va a estar muy presente en la tramitación del presupuesto. Nuestro compromiso con los funcionarios es absoluto y total, y en ese sentido seguimos conversando, dialogando con la Ministra de Salud. Ella es el puente que tenemos en este minuto. Ella comprende la gravedad de esta situación, y yo quiero ser muy sincera y muy clara aquí: el gran problema que hemos tenido tiene que ver con Dipres, tiene que ver con Hacienda, seguimos reconociendo a la ministra como la interlocutora, la única posibilidad, el único puente que nos queda en este minuto.”
Por su parte, la diputada Karol Cariola volvió a manifestar el apoyo de la comisión a las y los trabajadores de la salud. Además, destacó que “de esos 6.300 trabajadores y trabajadoras, más del 70% son mujeres: jefas de hogar, madres, que tienen responsabilidades que cumplir y que se estarían quedando sin su fuente de trabajo, que se estarían quedando en una situación de vulnerabilidad absoluta.”
La parlamentaria también entregó su respaldo a la Ministra de Salud, enfatizando que “estamos absolutamente de acuerdo con que en este momento buscar sacar a una Ministra de Estado no tiene ningún sentido, cuando lo que necesitamos es fortalecer la salud pública, encontrar caminos de resolución y no estar ocupándonos en una acusación constitucional. Los chilenos y chilenas lo que necesitan en este momento es atención, resolver las listas de espera y tener garantizado que las y los funcionarios de salud que se requieren en los servicios, van a estar contratados durante el tiempo que se necesite.”
En esa línea, el diputado Hernán Palma señaló que “intentar una acusación constitucional me parece un despropósito, porque además existen otras instancias, interpelaciones, oficios, muchas modalidades para poder dialogar con el Ejecutivo, más aún usar conceptos como que la ministra es matea pero que reprobó como encargada de esta cartera.”
Palma también espera una solución real para los 6.300 trabajadores en riesgo de cesantía y dice que prescindir de este «contingente humano que vino a cubrir la brecha histórica» de atención, «va a provocar un menoscabo significativo», concluyó.
Finalmente, el diputado Daniel Lilayu sentenció que “lo más importante no son los hospitales, no son los instrumentos. Lo más importante es la salud y el personal. Yo quiero decir a nombre de mi bancada, que nosotros vamos a revisar y vamos a estar muy atentos en relación al presupuesto de salud, si es que no se contratan esos funcionarios.”
